Medidas en la contratación pública

Medidas en la contratación pública

CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE PRESTACION SUCESIVA

CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS DISTINTOS DE PRESTACIÓN SUCESIVA

CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS

CONTRATOS PÚBLICOS DE CONCESIÓN DE OBRAS Y DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

OTRAS MEDIDAS

CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE PRESTACION SUCESIVA

Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este R.D. LEY 8/2020, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas ,quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.

Cuando la ejecución de un contrato público quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:

o Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal.
o Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
o Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato.
o Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato.

Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá prorrogarse en aplicación de lo previsto en el art. 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La suspensión de los contratos del sector público no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.

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CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS DISTINTOS DE PRESTACIÓN SUCESIVA

– En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor del R.D. LEY 8/2020, ,cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas, se podrá ampliar el plazo.

– El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19.

– En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

– Los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10% del precio inicial del contrato.

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CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS

En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor del R.D. LEY 8/2020, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato.

El contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final.

Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los siguientes
conceptos:

    • Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
    • Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude.
    • Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
    • Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.
    • Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato.

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CONTRATOS PÚBLICOS DE CONCESIÓN DE OBRAS Y DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de vigentes a la entrada en vigor del R.D. LEY 8/2020, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas, darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% ,o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados.

La aplicación de lo dispuesto solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación.

También será de aplicación a los contratos, celebrados con sujeción a procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

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OTRAS MEDIDAS
    • Suspensión de los plazos procesales
    • Suspensión de los plazos administrativos

Se establece que la contratación pública para hacer frente al COVID-19 se tramitará por el procedimiento de emergencia, así mismo se establecen medidas específicas para agilizar la contratación durante la crisis sanitaria, particularmente con el exterior.

Así el RD Ley 9/2020, especifica:

– Todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la Ley 9/2017.

– Cuando la contratación para la atención de estas necesidades deba producirse en el exterior,, la formalización de los contratos corresponderá al Jefe de la Misión o Representación Permanente, con sujeción a las condiciones libremente pactadas por la Administración con el contratista extranjero, cuando la intervención de éste sea absolutamente indispensable para la ejecución del contrato y así se acredite en el expediente. No obstante, esta competencia podrá avocarse por el titular del departamento Ministerial competente por razón de la materia. Podrá realizarse la totalidad o parte de los pagos con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista.
– Se excluye de la obligación de facturación electrónica establecida en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados en el exterior.

Para más información contacte con nosotr@s, a través del correo electrónico info@semasconsultoria.com o el 954219123

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