ASPECTOS DESTACADOS DEL RD-LEY 36/2020

ASPECTOS DESTACADOS DEL RD-LEY 36/2020

ASPECTOS DESTACADOS DEL RD-LEY 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para agilizar proyectos ligados al Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU), en vigor desde el 1 de enero de 2021.

Este Real Decreto-Ley pretende sentar las bases para facilitar la gestión global del paquete de medidas necesarias para reactivar la economía, aunando el Mecanismo Financiero Plurianual (2021-2027) y el Instrumento Europeo de Recuperación-Next Generation (2021-2026).

Los objetivos que inspiran la regulación son:

  • Lograr una mayor transparencia en la contratación pública.
  • Conseguir una mejor relación calidad-Precio, para ello, por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
  • Necesidad de simplificación de los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES.

El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación.

Aspectos Destacados:

  1. Nueva Figura de colaboración público-privada, Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES). Se trata de proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía, y que exigen la colaboración entre Administraciones, empresas y centros de investigación.
    Esta nueva figura se crea con vocación de permanencia, para incluir en nuestro ordenamiento nuevos instrumentos de colaboración público privada que permitan una gestión ágil, si bien, resulta especialmente interesante su aplicación en el ámbito el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya que con ella se pretende reforzar a aquellos proyectos incluidos en el mismo que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad.
  2. Se crea, dependiendo del Ministerio de Hacienda, un Registro estatal público de entidades interesadas en los PERTE, con secciones diferenciadas para cada uno de los PERTE.
    La inclusión de una entidad en una sección acreditará que realiza actividades vinculadas al interés público que encarna ese PERTE.
    La inscripción en el Registro PERTE podrá ser considerada como requisito necesario para ser beneficiario de subvenciones, en el caso de que se prevea así en las bases reguladoras o en la convocatoria de éstas.
  3. Se prevé la creación de un portal web único del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como instrumento capaz de centralizar y canalizar la distribución de toda la información. Este portal serviría como «ventanilla única» del Plan, facilitando las solicitudes y la tramitación de los procedimientos a los interesados.
  4. Se fomentan otras formas de colaboración público privadas:
    Se crean las agrupaciones, para la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas para actividades vinculadas con el Plan de Recuperación, como canales para afrontar proyectos de la envergadura que supone dicho Plan, y en el que los miembros tendrán de manera conjunta la consideración de beneficiarios de la subvención, y serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones.
    Con la misma finalidad se recoge un régimen especial de los consorcios, para la ejecución del Plan de Recuperación, pudiéndose crear previo informe favorable del Comité Técnico sin necesidad de la autorización legal que exige la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
    Se adapta la actual regulación de empresa de economía mixta, y se facilita la ejecución de determinados contratos públicos de concesión de obras o de concesión de servicios mediante su adjudicación a sociedades de economía mixta público-privada, con capital mayoritariamente público, facilitando la agilización y flexibilización del procedimiento de selección del socio, pero dentro de los límites que marca el derecho europeo.
  5. Subvenciones. Se agilizan los plazos y se simplifican los requisitos para su aprobación, así como la documentación a presentar por los beneficiarios:
    Las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos europeos podrán incorporar la convocatoria de las mismas.
    Se prevé la posibilidad de Subvenciones de concurrencia no competitiva financiables con fondos europeos, pudiéndose dictar resoluciones de concesión por orden de presentación, hasta agotamiento de partidas presupuestarias.
    Se prevé la presentación de una cuenta justificativa simplificada por parte del beneficiario de la subvención.
    Se permite la concesión directa de subvenciones de proyectos de I+D+I, a las CCAA, en determinados supuestos.
  6. Contratación Pública. La nueva norma, intenta flexibilizar y agilizar la contratación pública, disponiendo una serie de medidas para responder de modo ágil y eficaz a la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, contando con el sector público y sector privado. Las medidas más destacadas:
      • Régimen excepcional de tramitación urgente con reducción de plazos. Se promueve un análisis individualizado de la pertinencia de emplear el expediente de tramitación urgente previsto en el artículo 119 LCSP.
      • Las cuantías del procedimiento abierto simplificado ordinario se elevan desde 2.000.000 de euros en obras y 100.000 en servicios y suministros hasta llegar a no superar el umbral SARA.
      • Las cuantías del procedimiento abierto simplificado abreviado se elevan hasta los 200.000 euros en obras y 100.000 euros en Servicios.
      • Se promueve la elaboración de pliegos-tipo de cláusulas técnicas y administrativas correspondientes a los contratos a celebrar, incorporando todos los criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de responsabilidad social.
      • Se exime de la autorización para contratar del art. 324.1 LCSP a los contratos financiados con el Fondo. Ese precepto obliga a que los poderes adjudicadores del sector público estatal obtengan autorización del Consejo de Ministros para contratos o acuerdos marco de valor estimado igual o superior a 12 millones de euros.
      • Se reduce el plazo del Recurso Especial en Materia de Contratación.
  7. Evaluación Ambiental. Se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental con el fin de dotar de mayor agilidad y seguridad jurídica a los procedimientos de evaluación ambiental, y facilitar así la tramitación de proyectos que permitan impulsar la reactivación económica, especialmente en el marco de los planes de inversión en las áreas de las tecnologías limpias, el uso de energías renovables y de eficiencia energética del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, al tiempo que se garantiza la protección del medioambiente.Se trata de reducir los plazos de resolución en las distintas fases del procedimiento de evaluación ambiental. En concreto, se reducen los plazos en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de proyectos, estableciéndose adicionalmente una reducción de plazos en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental simplificada y en los plazos para publicar o, en su caso, notificar, las resoluciones de los procedimientos de esta naturaleza.
  8. Mayor competencia a las CCAA. Se amplían las competencias de las CCAA, en áreas clave de ejecución del Plan de Recuperación, tales como vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo, medioambiente. Para eso, se acordarán Convenios Marco entre los Ministerios implicados y las CC.AA. En el marco de las conferencias sectoriales se procederá a la aprobación de los criterios de distribución de fondos con carácter plurianual para permitir una mejor planificación de su gestión. Se simplifica la tramitación de convenios administrativos para facilitar además la colaboración entre agentes y organismos implicados.
  9. Medidas Organizativas:
    • Se recupera la figura de las agencias estatales.
    • Se crean nuevos órganos de gobernanza.
    • Se enfatiza en el papel de la Oficina Nacional de Coordinación Antifraude.
    • Se recogen soluciones flexibles en materia de medios y organización para que la gestión del Plan sea abordada de modo eficaz para capacitar a la administración para una ejecución absorción de fondos exitosa salvaguardando del interés general.
    • Se incrementa el número de anualidades de posible compromiso de gastos en ejercicios posteriores, y se introducen cambios respecto de las operaciones de cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias o la generalización de la incorporación de remanentes de crédito.
    • Se posibilita realizar pagos anticipados de los fondos comprometidos, con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones (hasta el 50%).

Fuente: Elaboración propia (Datos extraído del BOE que publica el RD-Ley 36/2020, de 30 de diciembre)

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